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Carlos Navarro estaba comiendo comida afuera de un restaurante en Virginia este mes cuando aparecieron unos agentes de inmigración y le dijeron que había una orden de deportación contra él.

Nunca había tenido un encuentro con la ley, afirmó Navarro, de 32 años, quien dijo que trabajaba en plantas avícolas.

“Absolutamente nada”.

La semana pasada estaba de vuelta en Guatemala por primera vez en 11 años, llamando a su esposa desde un centro de recepción para deportados en Ciudad de Guatemala.

La experiencia de Navarro puede ser un adelanto del tipo de deportaciones veloces que se producirán bajo el mandato del presidente Donald Trump en comunidades de todo Estados Unidos, donde viven hasta 14 millones de inmigrantes no autorizados.

Se dice que el gobierno, que ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos, iniciará su primera operación el martes. En su discurso de toma de posesión del lunes, Trump prometió “iniciar el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de donde proceden”.

La situación de Navarro también permite vislumbrar lo que podrían significar las deportaciones masivas fuera de Estados Unidos, en los países latinoamericanos situados en el otro extremo de la cadena de deportaciones.

Allí, los funcionarios se apresuran a prepararse para recibir cantidades significativas de sus ciudadanos, aunque muchos gobiernos afirmaron que no habían podido reunirse con la gestión entrante para hablar de sus planes de deportación.

Guatemala, una nación pequeña y empobrecida, marcada por una brutal guerra civil, tiene una importante población indocumentada en Estados Unidos. Unos 675.000 guatemaltecos indocumentados vivían en el país en 2022, según el Centro de Investigaciones Pew.

Eso lo convierte en uno de los países de origen con mayor número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, después de México, India y El Salvador, y en un laboratorio de cómo las deportaciones masivas pueden cambiar la vida fuera de Estados Unidos.

El año pasado, Guatemala recibió unos siete vuelos de deportación a la semana procedentes de Estados Unidos, según los funcionarios de migración, lo que se traduce en unas 1000 personas. El gobierno afirma que comunicó a funcionarios estadounidenses que puede recibir un máximo de 20 vuelos de este tipo en su base aérea a la semana, lo que equivale a unas 2500 personas, dijeron las autoridades.

Al mismo tiempo, el gobierno guatemalteco ha puesto en marcha un plan que el presidente Bernardo Arévalo llama “Retorno al hogar”, asegurando a sus ciudadanos en Estados Unidos que pueden esperar ayuda de los consulados y, en caso de detención y deportación, una “recepción digna”.

“Sabemos que están preocupados”, dijo Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. “Pero mal haríamos nosotros en el gobierno con solo decirles, ‘miren, nosotros también estamos muy preocupados por ustedes’. Estamos viendo qué hacemos”.

El plan de Guatemala, que fue compartido en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la región celebrada en Ciudad de México la semana pasada, va más allá de las preocupaciones inmediatas que comparten muchos gobiernos de la región, como la forma de alojar o alimentar a las personas deportadas en su primera noche.

También está planificando cómo reintegrar en la sociedad a los guatemaltecos deportados.

El plan, que se enfoca en los puestos de trabajo y en aprovechar las habilidades lingüísticas y laborales de los deportados, también busca apoyar la salud mental de las personas que lidiarán con el trauma de la deportación.

En términos prácticos, significa que cuando los deportados bajen del avión, los empleados del gobierno ahora les harán una decena de preguntas, en lugar de solo unas pocas, dijeron, lo que permitirá a los funcionarios comprender quién regresa al país, qué ayuda necesita y qué tipo de trabajo podría realizar.

Los expertos afirman que el plan de Guatemala parece reflejar la expectativa de que los gobiernos latinoamericanos no solo reciban a sus ciudadanos deportados, sino que también trabajen para evitar que regresen a Estados Unidos.

Históricamente, muchas personas devueltas a sus países de origen han dado media vuelta e intentado regresar, “incluso en circunstancias extremas”, dijo Felipe González Morales, quien fue relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aproximadamente el 40 por ciento de las deportaciones en 2020 afectaron a personas que habían sido deportadas anteriormente y volvieron a entrar en el país.

Durante años, la dinámica ha sido “básicamente una puerta giratoria”, dijo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en una entrevista.

Trump pretende cambiar eso.

“Cuando el mundo entero vea cómo el presidente Trump y su gobierno deportan en masa a delincuentes ilegales en comunidades estadounidenses de vuelta a sus países de origen”, dijo en un correo electrónico Karoline Leavitt, portavoz de la transición de Trump, “se enviará un mensaje muy claro de que no vengas a Estados Unidos a menos que pienses hacerlo de la manera correcta o, de lo contrario, te enviarán de vuelta a casa”.

El número de cruces ilegales en la frontera estadounidense ya ha descendido drásticamente: en noviembre, unas 46.000 personas intentaron cruzar, según el gobierno estadounidense, la cifra mensual más baja durante el gobierno de Biden.

Se espera que el gobierno de Trump siga presionando a los gobiernos de la región para que continúen apoyando su ofensiva contra la migración al norte.

Pero el plan del gobierno guatemalteco de reintegrar a los deportados no es solo una forma de mostrar a Trump que Guatemala coopera, dijo Anita Isaacs, experta en Guatemala, quien creó el anteproyecto del plan.

Isaacs dijo, sobre los deportados, que “si se puede encontrar una forma de integrarlos y de aprovechar sus habilidades, las oportunidades para Guatemala son enormes”.

Hasta ahora, dijo, los deportados que llegaban en avión a Ciudad de Guatemala recibían sobre todo algunas cosas básicas, como nuevos documentos de identidad, material sanitario y transporte a un refugio o a la principal terminal de autobuses.

En lugar de eso, propuso, Guatemala podría recibir a sus ciudadanos recién retornados como un activo económico, incluido para su sector turístico.

Como ejemplo, señaló el caso de cientos de guatemaltecos deportados tras una redada del ICE en 2008 en una planta empacadora de carne en Postville, Iowa, quienes se habían convertido en guías de volcanes.

Sin embargo, existen retos conocidos para conseguir que los deportados se queden.

Por un lado, aún persisten las fuerzas que les hicieron marcharse en primer lugar, dijo Alfredo Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración: la pobreza extrema y la falta de empleo, las condiciones meteorológicas extremas agravadas por el cambio climático, la amenaza de la violencia de las bandas y el crimen organizado.

Luego está la atracción de Estados Unidos, donde no solo hay más trabajo para los guatemaltecos, sino que además pagan en dólares.

“Si vamos a hablar de los motivos por los que emigra la gente, de las causas, también tenemos que hablar del hecho de que se establecen allí y muchos consiguen salir adelante”, dijo Rivera.

Las personas deportadas también sienten mayor presión para llegar a Estados Unidos que las personas que emigran por primera vez, dijo el reverendo Francisco Pellizzari, director de la Casa del Migrante, el principal refugio para deportados en Ciudad de Guatemala.

A menudo deben miles de dólares a los contrabandistas fronterizos y en las zonas rurales de Guatemala, los pobres suelen entregarles las escrituras de su casa o sus tierras como garantía, lo que les deja esencialmente sin hogar si son deportados.

“Ya no se puede regresar”, dijo Pellizzari.

El endurecimiento de las medidas impuestas por el gobierno de Biden en la frontera ha llevado a los contrabandistas, conscientes del mayor riesgo de deportación, a ofrecer a los migrantes hasta tres intentos para entrar en Estados Unidos por un solo precio, según Pellizzari y otras personas.

José Manuel Jochola, de 18 años, quien fue deportado a Guatemala la semana pasada tras ser detenido por cruzar ilegalmente la frontera con Texas, dijo que tenía tres meses para aprovechar las oportunidades que le quedaban. “Voy a volver a intentarlo”, dijo, aunque esperará a ver qué medidas toma Trump.

El deseo de volver a Estados Unidos tras ser deportado es especialmente fuerte para quienes tienen familia allí.

Navarro, el hombre que recientemente fue deportado de Virginia, dijo que no estaba intimidado por las medidas de Trump. “No importa. Me ponen triple el muro. No importa. Tengo que volver, por mi hijo, por mi mujer”.

Una mujer que iba en el mismo vuelo de deportación que Navarro, Neida Vásquez Esquivel, de 20 años, dijo que era la cuarta vez que la deportaban cuando intentaba llegar a casa de sus padres en Nueva Jersey. Incluso ahora, un nuevo intento no estaba descartado, dijo.

Sin embargo, algunos deportados afirmaron que el mayor atractivo de quedarse en Guatemala puede ser que, por ahora, la alternativa ya no parece tan buena.

Cuando José Moreno, de 26 años, fue deportado la semana pasada, tras ser detenido por conducir ebrio, decidió que no intentaría regresar a Boston, donde pasó 10 años, debido a los peligros de cruzar la frontera y a la actitud del nuevo presidente hacia los inmigrantes.

En su lugar, dijo, utilizaría su inglés para ser guía turístico en Petén, una zona de Guatemala con un pintoresco lago y ruinas mayas, donde su familia tiene un pequeño hotel.

“Aquí están mis papás, tengo todo aquí”, dijo. “¿Para qué me voy a volver a ir?”.

Jody García colaboró con reportería desde Ciudad de Guatemala y Miriam Jordan desde Los Ángeles.

Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el Times. Más de Annie Correal