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QUITO (AP) — La Fiscalía de Ecuador informó el martes que los cuerpos calcinados hallados cerca de una base militar corresponden a los cuatro menores desaparecidos hace 23 días. Poco antes un juez dictó la prisión preventiva de los 16 militares investigados por la presunta desaparición forzada de los menores.

La Fiscalía dio a conocer la noticia a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter.

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH), dijo a The Associated Press que “los forenses confirman que los resultados de las pericias de genética forense evidencian que los cuatro cuerpos encontrados en una zona de manglar de Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar”.

Agregó que “es un momento duro para sus familias. No vamos a parar hasta encontrar toda la verdad y la justicia”.

Pocos minutos antes el juez Dennis Ugalde había acogido el pedido del fiscal de la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, Christian Farez, en contra de los uniformados, que deberán ser trasladados a una cárcel común aún por determinar, indicó la Fiscalía a AP.

Durante la audiencia el fiscal Farez expuso los elementos de prueba y sustentó ante el juez la necesidad de dictar el arresto preventivo.

Según el penalista Ramiro Aguilar al haberse “encontrara sin vida (a los menores) se deberán reformular los cargos a la figura que la Fiscalía establezca. La Fiscalía informó que se deberá convocar a una nueva audiencia para la reformulación.

Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Saúl Arboleda, de 14, y Steven Medina, de 11, desaparecieron el 8 de diciembre en el sur de la ciudad costera de Guayaquil cuando luego de jugar fútbol fueron abordados por una patrulla militar.

Inicialmente las autoridades de seguridad negaron la participación de los militares y adjudicaron el hecho a una banda delincuencial. Sin embargo, tras la difusión de un video que captó el momento, se admitió la detención bajo el argumento de un supuesto robo que ha sido negado por la Fiscalía. Los uniformados declararon que liberaron a los menores cerca de una base militar.

La incertidumbre que rodea al caso aumentó la semana pasada tras el hallazgo de cuatro cadáveres calcinados y con signos de tortura en las inmediaciones de la base militar ubicada en las afueras de la ciudad portuaria.

Para la penalista Paulina Araujo, la decisión marca un hito al dar inicio al “proceso penal formal” en contra de los militares, “porque no hay procedimiento legal alguno que ampare lo que hicieron”, señaló a AP.

Araujo explicó que el delito de desaparición forzada “es tan grave que es imprescriptible” y se encuentra entre los crímenes de lesa humanidad. Al detenerlos “ellos eran garantes de la vida y la integridad de los menores” y violaron todas las normas y códigos que protegen a los menores de edad, señaló.

En los exteriores del tribunal del sur de Guayaquil, donde se realizó la audiencia, familiares, activistas y ciudadanos gritaban “Ustedes son culpables, militares criminales” y con carteles y fotos de los menores exigían justicia mientras un grupo de niños jugaba con un balón en la calle. “No son terroristas, son niños futbolistas”, arengaban los presentes.

En el lugar también se presentó un grupo de personas con tapabocas y carteles en apoyo a los 16 integrantes de las Fuerzas Armadas.