El Gobierno de Ecuador ha reafirmado su “compromiso con la verdad” y ha garantizado que habrá “total transparencia” después de que la Fiscalía haya confirmado que los cuerpos calcinados encontrados la pasada semana corresponden a los cuatro menores desaparecidos en el barrio Las Malvinas durante una operación militar del Ejército en la zona a principios de diciembre.
“El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han asumido el deber de colaborar plenamente con las investigaciones sin reservas ni condicionamientos”, ha indicado en un comunicado, agregando que “la verdad y la justicia son innegociables”, por lo que trabajarán “incansablemente” para esclarecer el caso.
El martes 19 de diciembre, se encontraron cuatro cadáveres calcinados cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil. La Fiscalía ha informado en un comunicado de que, en base a los resultados forenses, los restos se corresponden con los cuerpos de los cuatro menores desaparecidos.
La Justicia ecuatoriana ha dictado prisión preventiva para los 16 militares por presunta desaparición forzada en virtud del artículo 84 del Código Penal. La Fiscalía ha contado con testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, así como evidencias físicas como los teléfonos de los procesados.
La Asamblea Nacional de Ecuador ha declarado tres días de luto nacional por “la desaparición forzada y asesinato de los cuatro menores de edad desaparecidos en Guayaquil”, mientras que también ha pedido a las autoridades ecuatorianas “ejercer todo el peso de la ley” contra los militares responsables.
De hecho, la Asamblea ha admitido a trámite dos solicitudes de juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por el caso, según ha informado en un comunicado.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador (CDH) ha lamentado la muerte tanto de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, como de sus amigos, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de 15 y 11 años, respectivamente, quienes fueron detenidos “arbitrariamente” por los militares.
“Esta repudiable acción es un duro golpe para sus familias, sus amigos y toda la ciudadanía, indignada por la desaparición forzada de grupo de chicos, ocurrida el 8 de diciembre del 2024, en el sur de Guayaquil”, ha indicado en un comunicado.
El caso ha vuelto a poner en cuestión la militarización del Estado por parte de el presidente Daniel Noboa, quien decretó el estado de conflicto armado interno en enero de 2024 para combatir al crimen organizado. Desde entonces, el Ejército se ha visto involucrado en al menos diez desapariciones.
El Gobierno de Ecuador garantiza “total transparencia” tras la identificación de los menores desaparecidos
El Gobierno de Ecuador ha asegurado que garantizará “total transparencia” en el proceso de identificación de los menores desaparecidos en el país. Este compromiso surge luego de que se haya logrado identificar a varios menores desaparecidos gracias a la implementación de un nuevo sistema de identificación biométrica.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha expresado su compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y protección de los niños y niñas en el país. “Es nuestro deber como Gobierno asegurarnos de que todos los menores desaparecidos sean identificados y devueltos a sus familias lo antes posible”, afirmó Moreno.
El nuevo sistema de identificación biométrica ha sido fundamental en la identificación de varios menores desaparecidos, permitiendo una rápida y precisa identificación a través de huellas dactilares y otras características biométricas. Este avance tecnológico ha sido clave en la lucha contra la desaparición de menores en Ecuador.
El Gobierno de Ecuador ha reiterado su compromiso de seguir trabajando en la implementación de medidas para prevenir la desaparición de menores y garantizar su pronta identificación en caso de desaparición. La transparencia en este proceso es fundamental para brindar tranquilidad a las familias y garantizar la seguridad de los niños y niñas en el país.
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